LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MISIÓN SUCRE

Tema 6. LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
EN LA ADMINISTRACIPN POBLICA

MATERIA: ESTADO ETICA Y SERVICIOS PUBLICOS
Bachiller: ELVIS ROJAS.
ELVISJOSEROJASULLOA@HOTMAIL.COM

INDICE
• LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
• LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA. ASPECTOS RESALTANTES DEL PERIODO 1813-1997. APUNTE PARA UNA HISTORIA DE PECULADO
• SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CRISIS ÉTICA
• APRENDIZAJE SOCIAL Y CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN
• VENEZUELA.
• APRENDIZAJE SOCIAL Y CONTRABANDO (CORRUPCIÓN).
• INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BUROCRACIA. CONTRA EL BUROCATISMO
• TECNICAS DE LUCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.
• CONCLUSION


Tema 6.
LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
Uno de los elementos que tiene minada la Administración Pública es la corrupción, La corrupción, en argumento de Reinhard Willig (representante en Venezuela de la Fundación Konrad Adenauer, Convenio Interamericano contra la corrupción, Caracas-COPRE, 1997), es un problema ético que aparece en todas las épocas y sociedades, y en algunos casos dadas sus proporciones tiene consecuencias políticas.
Las consecuencias de la corrupción han llegado a magnitudes inimaginables hace veinte o treinta años atrás, partiendo de la oxidación de la credibilidad y eficiencia del sistema democrático; amenazando la convivencia igualitaria de los ciudadanos; amenazando los cimientos de Estado y permitiendo un crecimiento desordenado de las funciones de ese Estado, en especial de los controles y regulaciones que estimulan el auge para nuevos focos de corrupción; la corrupción no permite el funcionamiento de ninguna dirección política, ni que se cumplan decisiones políticas en el marco de la legalidad y la equidad; se rompen los valores de las élites políticas, culturales e intelectuales; se erosiona la independencia y credibilidad en el poder judicial; en un sentido general, se perjudica el desarrollo económico de los pueblos, aumentando al fin y al cabo los precios, malgastado recursos, y bajando la calidad de los productos.
La corrupción se combate con educación en valores, sin mayores aspiraciones que le de modelar una ciudadana o ciudadano integrado al proceso de desarrollo de su país y de su Estado. Que se sienta que pertenece a una comunidad de valores.

1.- LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA. ASPECTOS RESALTANTES DEL PERIODO 1813-1997. APUNTE PARA UNA HISTORIA DE PECULADO.
En 1813, Simón Bolívar, mientras luchaba en la guerra de independencia contra España, firmó un decreto en el que estipulaba la pena de muerte para quienes fueran hallados culpables de corrupción en la primera República de Venezuela. En 1824, firmó un segundo decreto, y un tercero en 1826, en los que definía la corrupción como “la violación del interés público” y establecía la pena de muerte para “todo funcionario público culpable de robar diez pesos o más”. El segundo artículo del decreto de 1824 rezaba: “Los jueces, quienes debiendo ejecutar este decreto no lo hagan, serán también ajusticiados”. Sin embargo, la historia de Venezuela en los últimos 180 años estuvo caracterizada por la presencia incesante e intensa de la corrupción en la administración pública. En 1875, el Ministerio de Finanzas venezolano, durante la dictadura de Antonio Guzmán Blanco, confesó: “Venezuela no sabe cuánto debe y a quién.... los libros del país tienen un atraso de 20 años…”. Cien años más tarde, durante la presidencia de Luis Herrera, el contralor general describía la administración pública de su país casi en los mismos términos, como “un sistema totalmente fuera de control”.
La dictadura de Juan Vicente Gómez, que se extendió entre 1909 y 1935, fue un período durante el cual el ejercicio de la corrupción se limitó a los colaboradores más cercanos al dictador y a sus familiares y amigos cercanos, ya que Gómez no precisaba elecciones para continuar en el poder y dirigía Venezuela como su hacienda personal. Los diez años que siguieron a su muerte constituyeron la primera década de verdadera democracia y transparencia en el sector público venezolano, gracias a sus sucesores, los generales E. López Contreras e I. Medina Angarita, líderes profundamente democráticos a pesar de su trayectoria militar en el ejército de Gómez.
El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un golpe de estado del partido Acción Democrática, respaldado por jóvenes oficiales del ejército. Entre 1945 y 1948, Acción Democrática llevó adelante, durante tres años, un gobierno bastante transparente bajo las breves presidencias de Rómulo Betancourt y del famoso novelista Rómulo Gallegos. En 1948, los jóvenes militares que habían apoyado a Acción Democrática tres años antes derrocaron a Gallegos. El líder del golpe, Marcos Pérez Jiménez, instituyó una dictadura militar que duró diez años. Durante esa década, la corrupción era considerable pero, en general, tal como durante los años de Gómez, se limitaba al círculo más cercano al dictador y se relacionaba, más que nada, con las comisiones que se obtenían mediante la contratación de obras públicas. La infraestructura del país recibió un fuerte impulso con la construcción de caminos, hospitales, universidades y edificios públicos.
El creciente descontento de los oficiales del ejército excluidos del acceso a los fondos públicos venezolanos promovió una revuelta popular en 1958 que logró expulsar a Pérez Jiménez del poder. A partir de entonces, Venezuela no sufriría otro golpe ni intento de golpe de estado hasta 1992, cuando Hugo Chávez trató, sin éxito, de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Entre 1958 y 1999, Venezuela tuvo más de diez presidentes elegidos democráticamente. Durante la primera mitad de este período, entre 1958 y 1975, el país experimentó una sucesión de gobiernos democráticos y gozó de un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los activos nacionales. La consolidación de la democracia venezolana y la promoción de una sociedad caracterizada por una sólida clase media emergente fue el resultado de la gestión de los presidentes Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y, por parte de su mandato, de Carlos Andrés Pérez. Durante estos años, la democracia venezolana se convirtió en el modelo político a ser imitado en América Latina, comparado favorablemente por los analistas expertos en el tema con las dictaduras de izquierda y derecha aún presentes en el hemisferio.
A mediados de la década de 1970, el manejo de los bienes nacionales venezolanos comenzó a deteriorarse drásticamente. Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones financieras extraordinarias. Enfrentado con estas ganancias inesperadas, el presidente Pérez estructuró un programa que denominó “La gran Venezuela”. Según este plan, una versión tropical del “Gran Salto Adelante” de Mao, el gobierno invertiría cerca de 2.000 millones de dólares en proyectos industriales en el sur del país, diseñados para triplicar la producción de acero en cinco años y construir nuevas plantas de aluminio. En un momento determinado, existían más de 300 empresas estatales en Venezuela, ninguna de las cuales era rentable. Durante la segunda mitad del mandato de Pérez, como resultado de los caudalosos ingresos provenientes del petróleo, la corrupción se disparó y se “democratizó”. Hasta aquel momento, la corrupción se había restringido, esencialmente, al círculo a cargo del poder; ahora, por el contrario, muchos venezolanos comenzaron a participar, en forma directa e indirecta, del abuso y uso indebido de los fondos públicos. Al final de la presidencia de Pérez, y a pesar de los ingresos inesperados provenientes del petróleo, Venezuela se había endeudado con los bancos internacionales.
Entre 1975 y 1998, los niveles de corrupción en Venezuela aumentaron de manera casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente grave fue el período de la presidencia de Jaime Lusinchi, de 1984 a 1994. En su estudio sobre corrupción, la socióloga Ruth Capriles Méndez, de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que, durante su presidencia, hubo un uso indebido y deshonesto de unos 36.000 millones de dólares, en especial a través del programa de control del tipo de cambio denominado RECADI (Régimen de Cambios Diferenciales). Diversos factores contribuyeron al incremento drástico de la corrupción:
-La debilidad de las instituciones políticas y sociales.
-La falta de normas y controles administrativos adecuados.
-Los caudalosos ingresos relacionados con la producción petrolera, una riqueza que no se ganaba, en líneas generales, con el trabajo de la mayoría, sino que la generaba un pequeño grupo de personal técnico de la industria del petróleo.
-Los líderes políticos populistas, deseosos de promover un estado de bienestar a fin de consolidar su posición política, en lugar de guiar al país hacia una prosperidad estable a través del trabajo y la disciplina social. Estos líderes persuadieron a los ciudadanos de que el dinero proveniente del petróleo “pertenecía” al gobierno y que parte de él podría entregarse a la gente a cambio de su lealtad política. A causa de esta creencia, el uso de los bienes nacionales para beneficio personal, tanto dentro de la elite política como a lo largo y a lo ancho de la población, perdió gran parte de su sentido peyorativo.
La visión benevolente de la corrupción que prevaleció en aquellas décadas puede ilustrarse mediante el fallo judicial de un caso de corrupción ocurrido en 1982 en el Ministerio de Agricultura de Venezuela: el tribunal a cargo lo desestimó sosteniendo que “la suma en cuestión [aproximadamente 20.000 dólares] era demasiado pequeña en relación al presupuesto total del Ministerio”.
En 1997, Pro Calidad de Vida, una organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la lucha contra la corrupción estimó que en los últimos 25 años se habían malgastado o robado aproximadamente 100.000 millones de dólares del ingreso relacionado con el petróleo.

2.- SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CRISIS ÉTICA
Según Charles Taylor, la crisis ética contemporánea está enraizada en tres enclaves teóricos: representacionismo, individualismo y mecanicismo.
El diagnóstico de Alasdair MacIntyre coincide básicamente con el de Charles Taylor, aunque presenta una doble ventaja sobre él. Por una parte, deja más claras las implicaciones metafísicas del enfoque ilustrado y, por otra, refiere explícitamente a la más estricta actualidad las consecuencias que de él se derivan.
MacIntyre está de acuerdo con Taylor, aunque sea más radical al respecto, en que la quiebra de la mayor parte de la ética contemporánea procede del abandono de una visión teleológica de la realidad, malentendida e injustamente criticada desde la concepción mecanicista de la naturaleza dimanada del nominalismo. La piedra de escándalo ha sido desde Hume la llamada “falacia naturalista”. Esta presunta falacia –que prohíbe el paso del ser al deber- ha sido discutida e invalidada por numerosos críticos, pero modestamente yo me adhiero a lo que dice Elizabeth Anscombe en su decisivo artículo “Modern Moral Philosophy”: “Esta acusación no me impresiona porque no he encontrado una explicación coherente de tal falacia”.
Así, el individuo común fue creando un conjunto simbólico y verbal a partir del ejemplo dado por el sector social más poderoso y dominante. La observación previa facilitaba el aprendizaje de las conductas ilícitas observadas. Éstas se reproducían a través de acciones concretas si la persona tenía la oportunidad de delinquir contra la administración y el Estado, lo cual adquiría carácter multiplicador si el protagonista obtenía beneficios y disfrutaba de los efectos favorables de la comisión.

3.- APRENDIZAJE SOCIAL Y CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA EN
VENEZUELA.
En la época colonial, igual que hoy, las personas eran influenciadas conforme a experiencias modelares y observacionales propias del ambiente socio-cultural donde transcurría su existencia. Es imposible imaginar la conducta de hombres e instituciones de aquel tiempo, separadas unas de otras, sin una variada plataforma de intereses donde cada uno con su posición, no influyera sobre los demás, o no se sintiera bajo el ascendiente de otros, directa o indirectamente. La influencia social se manifestaba cuando cualquier acción, individual o de grupo, desencadenaba reacciones iguales, opuestas o parecidas en personas y organismos. Acontecía esto no sólo a través de la simple persuasión, la amenaza, el soborno, la presión, etc., sino principalmente por intermedio de aquellas conductas observadas o exhibidas. A partir de aquí las personas adoptaban lo más conveniente o satisfactorio a sus intereses y expectativas.
Esa tendencia se hizo evidente en las cuestiones relativas a la administración de los intereses de España en Venezuela, y toda América Latina en lo relacionado con la actitud frente al Estado y en la percepción que se tenía del cargo público. Sin embargo, este proceso como estructurador de los criterios, no comenzó en Venezuela, pues, al llegar los designados para los cargos, éstos ya tenían suficiente experiencia social, incluso administrativa, captada y retenida en un medio tan dinámico como lo era España y la Europa centro-mediterránea. Fue entonces en España donde se hicieron las primeras observaciones de la administración; fue allí donde se obtuvieron las percepciones iníciales y en donde comenzó el aprendizaje social y observacional de los primeros funcionarios activos en Venezuela que ocuparon cargos.
El aprendizaje social y observacional captado de la práctica administrativa española, estuvo influido por el ejemplo de la nobleza. En la cuestión vinculada a los asuntos públicos, la nobleza y la regencia hispana proyectaron una conducta negativa que fue ejemplarizada, modelada y exhibida ante la ciudadanía. Ese tipo de conducta se relacionaba con el desempeño ético de los funcionarios al frente de los organismos del Estado. Era un comportamiento que reflejaba descuido de los intereses españoles por parte de los individuo con mayor responsabilidad: el rey y la burocracia real. Colateral a esta situación se manifestaban los casos diversos de corrupción administrativa y todo el conjunto delictual ejercido contra la administración y las instituciones del Estado.
Apoyándose en esta ventaja, el empleado obtenía beneficios ilícitos. Lo hacía solo o asociado con otros individuos pertenecientes a la administración o al ámbito privado. La conducta ilícita no reflejaba el mejor de los ejemplos por el carácter sesgado de la gestión. Ese ejemplo conductual impactaba a los observadores quienes retenían vivencias comportamentales, las cuales al ser procesadas, entraban a formar parte de las percepciones, criterios, conceptos, ideas y pensamientos del observador.
Los individuos que luego participaron en el proceso de conquista y colonización del territorio venezolano, fueron impregnados de este proceso. Por esta razón, los conquistadores llegaron con un criterio administrativo poco inclinado a guardarle lealtad y consenso al Estado. Esos principios eran de una significación bastante escasa en la mentalidad de aquellas personas, debido a que sus fundamentos fueron desplazados por la conducta antiética de la realeza. Fue así como la mayoría de los conquistadores se convirtieron en individuos cuyo propósito no podía ser el de fundar naciones, aunque en parte lo hicieron, sino principalmente enriquecerse a través de la posesión de bienes y recursos pertenecientes por derecho histórico a los indígenas, y por relación contractual al monarca de España.

APRENDIZAJE SOCIAL Y CONTRABANDO (CORRUPCIÓN).
Ahora, un procedimiento razonable para entender la corrupción administrativa en Venezuela como una resultante histórica del Aprendizaje Social, es asociándola con la práctica ilícita del contrabando en tiempos de la colonia. El contrabando en esta época tenía plena justificación, pues, desde el punto de vista económico y comercial no era considerado como una acción corrupta. Sin embargo, una cosa es que una práctica determinada se justifique y no sea considerada como dañina, y otra muy distinta es que de manera imperceptible, produzca efectos secundarios nocivos en la sociedad. Esto se potencia si la valoración humana circunstancial es incapaz de controlar los efectos perniciosos de una conducta social en el futuro, permitiéndose así que los comportamientos lesivos se perpetúen y quede fijado como práctica usual en el criterio colectivo.
El contrabando y la conducta ilícita fue entonces para la sociedad colonial una forma expedita para satisfacer necesidades básicas, vender mercancías y abastecer la ciudad; pero también un oficio ilegal cuya dedicación perseverante garantizaba el bienestar para algunos y la sobrevivencia para otros. De esta manera, el contrabando fue un símbolo asociado a la rentabilidad y la riqueza. Los hombres enriquecidos gracias a él fueron modelos competentes y exitosos cuya conducta era conveniente imitar. El contrabando fue una representación simbólica entre aquellas que conducía al uso de valores anhelados por la sociedad colonial: riqueza y prestigio. Así, muchos creyeron alcanzar esos objetivos cuando asumían la representación a través de una práctica concreta.
En la Colonia, y aún en la actualidad, el proceso incorporativo comenzaba desde la niñez. En la formación del comportamiento y el carácter de los niños muchas veces las palabras son innecesarias. La adquisición de valores es asimilada por los jóvenes si la sociedad previamente los asume como tales17. En la medida en que los integra a su estructura cognitiva, automáticamente son captados por el niño a través de lo que escucha y observa de sus mayores18. Los hijos al transformarse en padres recurrirán a estas experiencias para criar a sus descendientes.
El contrabando representaba mayores ventajas económicas para el grupo familiar y social. Cualquier tema objeto de charla generalmente era abordado de manera natural y espontánea dentro del contexto impuesto por un tipo formal o informal de conversación. Los asuntos eran tratados indistintamente de las personas, aunque con frecuencia prevalecía el criterio de la más experimentada, o aquella con mayor consciencia y conocimiento de los problemas. Así sucedía, por ejemplo, con el aprendizaje de los prejuicios religiosos y de clase entre los niños y jóvenes mantuanos, tanto en la escuela como en el hogar.


4.- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BUROCRACIA. CONTRA EL BUROCATISMO
El burocratismo, evidentemente, no nace con la sociedad socialista ni es un componente obligado de ella. La burocracia estatal existía en la época de los regímenes burgueses con su cortejo de prebendas y de lacayismo, ya que a la sombra del presupuesto medraba un gran número de aprovechados que constituían la «corte» del político de turno. En una sociedad capitalista, donde todo el aparato del Estado está puesto al servicio de la burguesía, su importancia como órgano dirigente es muy pequeña y lo fundamental resulta hacerlo lo suficientemente permeable como para permitir el tránsito de los aprovechados y lo suficientemente hermético como para apresar en sus mallas al pueblo. Dado el peso de los «pecados originales» yacentes en los antiguos aparatos administrativos y las situaciones creadas con posterioridad al triunfo de la Revolución, el mal del burocratismo comenzó a desarrollarse con fuerza. Si fuéramos a buscar sus raíces en el momento actual, agregaríamos a causas viejas nuevas motivaciones, encontrando tres razones fundamentales.
Una de ellas es la falta de motor interno. Con esto queremos decir, la falta de interés del individuo por rendir un servicio al Estado y por superar una situación dada. Se basa en una falta de conciencia revolucionaria o, en todo caso, en el conformismo frente a lo que anda mal.
La falta de organización tiene como característica fundamental la falla en los métodos para encarar una situación dada. Ejemplos podemos ver en los Ministerios, cuando se quiere resolver problemas a otros niveles que el adecuado o cuando éstos se tratan por vías falsas y se pierden en el laberinto de los papeles. El burocratismo es la cadena del tipo de funcionario que quiere resolver de cualquier manera sus problemas, chocando una y otra vez contra el orden establecido, sin dar con la solución. Es frecuente observar cómo la única salida encontrada por un buen número de funcionarios es el solicitar más personal para realizar una tarea cuya fácil solución sólo exige un poco de lógica, creando nuevas causas para el papeleo innecesario.
La tercera causa, muy importante, es la falta de conocimientos técnicos suficientemente desarrollados como para poder tomar decisiones justas y en poco tiempo. Al no poder hacerlo, deben reunirse muchas experiencias de pequeño valor y tratar de extraer de allí una conclusión. Las discusiones suelen volverse interminables, sin que ninguno de los expositores tenga la autoridad suficiente como para imponer su criterio. Después de una, dos, unas cuantas reuniones, el problema sigue vigente hasta que se resuelva por sí solo o hay que tomar una resolución cualquiera, por mala que sea.
La falta casi total de conocimientos, suplida como dijimos antes por una larga serie de reuniones, configura el «reunionismo», que se traduce fundamentalmente en falta de perspectiva para resolver los problemas. En estos casos, el burocratismo, es decir, el freno de los papeles y de las indecisiones al desarrollo de la sociedad, es el destino de los organismos afectados.
Estas tres causas fundamentales influyen, una a una o en distintas conjunciones, en menor o mayor proporción, en toda la vida institucional del país, y ha llegado el momento de romper con sus malignas influencias. Hay que tomar medidas concretas para agilizar los aparatos estatales, de tal manera que se establezca un rígido control central que permita tener en las manos de la dirección las claves de la economía y libere al máximo la iniciativa, desarrollando sobre bases lógicas las relaciones de las fuerzas productivas.
Si conocemos las causas y los efectos del burocratismo, podemos analizar exactamente las posibilidades de corregir su mal. De todas las causas fundamentales, podemos considerar a la organización como nuestro problema central y encararla con todo el rigor necesario. Para ello debemos modificar nuestro estilo de trabajo; jerarquizar los problemas adjudicando a cada organismo y cada nivel de decisión su tarea; establecer las relaciones concretas entre cada uno de ellos y los demás, desde el centro de decisión económica hasta la última unidad administrativa y las relaciones entre sus distintos componentes, horizontalmente, hasta formar el conjunto de las relaciones de la economía. Esa es la tarea más asequible a nuestras fuerzas actualmente, y nos permitirá, como ventaja adicional, encaminar hacia otros frentes a una gran cantidad de empleados innecesarios, que no trabajan, realizan funciones mínimas o duplican las de otros sin resultado alguno.
El motor ideológico se lograba de esta manera por el estímulo de la agresión extranjera. Las normas organizativas se reducían a señalar estrictamente lo que no se podía hacer y el problema fundamental que debiera resolverse; mantener determinadas producciones con mayor énfasis aún, y desligar a las empresas, fábricas y organismos de todo el resto de las funciones aleatorias, pero necesarias en un proceso social normal. La responsabilidad especial que tenía cada individuo lo obligaba a tomar decisiones rápidas; estábamos frente a una situación de emergencia nacional, y había que tomarlas fueran acertadas o equivocadas; había que tomarlas, y rápido; así se hizo en muchos casos.
No hemos efectuado el balance de la movilización todavía, y, evidentemente, ese balance, en términos financieros no puede ser positivo, pero sí lo fue en términos de movilización ideológica, en la producción de la conciencia de las masas. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos hacer carne en nuestros trabajadores, obreros, campesinos o empleados que el peligro de la agresión imperialista sigue pendiente sobre nuestras cabezas, que no hay tal situación de paz y que nuestro deber es seguir fortaleciendo la Revolución día a día, porque, además, ésa es nuestra garantía máxima de que no haya invasión. Cuanto más le cueste al imperialismo tomar esta isla, cuantos más fuertes sean sus defensas y cuanto más alta sea la conciencia de sus hijos, más lo pensarán; pero al mismo tiempo, el desarrollo económico del país nos acerca a situaciones de más desahogo, de mayor bienestar. Que el gran ejemplo movilizador de la agresión imperialista se convierte en permanente, es la tarea ideológica.
Si nosotros logramos hacer todo ese trabajo, el burocratismo desaparecerá. De hecho no es una tarea de un organismo, ni siquiera de todos los organismos económicos del país, es la tarea de la nación entera, es decir, de los organismos dirigentes, fundamentalmente del Partido Unido de la Revolución y de las agrupaciones de masas. Todos debemos trabajar para cumplir esta consigna apremiante del momento: Guerra al burocratismo. Agilización del aparato estatal. Producción sin trabas y responsabilidad por la producción.

5.- TECNICAS DE LUCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.
La corrupción es un flagelo mundial que no tiene fronteras y sus intereses están principalmente arraigados en poderes económicos y políticos. Es de vieja data y afecta al propio sistema político en su dimensión integral,”la economía, el desarrollo, el crecimiento y las inversiones; la educación y la cultura, con todas sus deformaciones; la Democracia, su estabilidad y su seguridad; la Soberanía Nacional; la Familia; la Sociedad y sus Comunidades; la República, el Estado y el Poder Público en sus diversos niveles y ramas; el individuo como persona humana”.
El combate a la corrupción en Venezuela, entre los ejemplos más comunes de la corrupción, “el hurto de bienes y patrimonios de la Nación. El uso de un cargo para provecho personal, grupal o de terceros, el usufructo y provecho personal o corporativo, valiéndose de influencia y pagos ilegales a funcionarios públicos” entre otros.
Venezuela no se escapa de este mal pero ya desde hace varios meses, como respuesta efectiva del Gobierno Bolivariano, el ejecutivo nacional está discutiendo la Ley contra la Corrupción. Es el diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, Carlos Colina Yánez, es quien ha propuesto y batallado para que esta Ley avance y lo más pronto posible se apruebe.
Para el diputado Colina “es indispensable que los ciudadanos actúen como jueces escabinos, en tribunales de primera instancia y en las cortes regionales, para darle un poder protagónico al ciudadano como lo establece la constitución”.


CONCLUSION.

Se debe insistir en la creación de un entorno ético. En su conjunto, los elementos enunciados establecen y promueven una tradición de vida pública basada en la transparencia, la eficiencia y la honestidad.
Se debe generar mayor participación de la sociedad civil. Una de las razones fundamentales por las cuales las estrategias anticorrupción no han tenido resultados positivos se debe, en buena parte, a la falta de un elemento fundamental en la vida del país: la participación activa de la sociedad civil.
La aceptación de la corrupción por parte de la sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado debe ser lo primero que se debe enfrentar". Muchos de los integrantes de una sociedad civil tienen un interés especial en lograr un sistema de integridad efectivo, incluyendo el sector privado.

Sobre todo, el ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la corrupción. No cabe duda de que la sociedad civil constituye un elemento fundamental en toda estrategia exitosa contra la corrupción. En Venezuela, se está diseñando un proyecto de control y de transparencia del Estado.
El punto de contacto entre el sector privado y el público es el punto en el cual nace la corrupción y donde se pagan los sobornos. De esta manera, todo intento de establecer una estrategia contra la corrupción que no incluya a la sociedad civil está ignorando a una parte del problema y al mismo tiempo a una de las herramientas disponibles más útiles y poderosas para atacarlo.

La función de la Administración Pública viene entonces a desarrollar mecanismo que permitan ejercer diagnósticos que posibiliten intervenciones correctas y eficientes. A su vez, el control administrativo del sector público está íntimamente relacionado con el funcionamiento de la burocracia estatal, que abarca las diversas dimensiones de evaluación institucional.